Durante el Primer Informe de Actividades de Héctor Macedo García, la Gobernadora refrendó la coordinación entre poderes para fortalecer el acceso a la justicia.
Texcoco, Estado de México.— La gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconoció los avances en la transformación del Poder Judicial del Estado de México y refrendó el respaldo de su administración para consolidar una justicia más cercana, pronta, expedita e imparcial, con respeto a la autonomía de cada poder.
Durante el Primer Informe de Actividades 2025-2026 del magistrado Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la mandataria destacó estrategias orientadas a acercar los servicios judiciales a la población, así como la incorporación de herramientas tecnológicas para facilitar el acceso a la justicia. Entre ellas, resaltó el programa “Justicia Casa por Casa”, que llegó a cerca de 4 mil hogares de Cuautitlán Izcalli y Naucalpan; las audiencias ciudadanas; las videoconferencias CONTIGO y la Alianza Pro Bono, conformada por 18 organizaciones de abogados que brindan asesoría y representación gratuita.
Gómez Álvarez también destacó que el Tribunal Electrónico atendió a más de 170 mil personas usuarias, mientras que el Intérprete de Sentencias, herramienta basada en inteligencia artificial, procesó mil 401 resoluciones para facilitar su comprensión en lenguaje ciudadano. Asimismo, reconoció el trabajo conjunto con el Poder Judicial en la reforma constitucional del Juzgado LIBRE, diseñada para brindar atención permanente y acompañamiento multidisciplinario a mujeres, niñas y adolescentes en riesgo de violencia.
Por su parte, Héctor Macedo García destacó la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y señaló que los delitos de alto impacto disminuyeron 30 por ciento durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025. Ante ello, la Gobernadora subrayó que la participación del Poder Judicial en las Mesas de Paz fortalece la coordinación en materia de seguridad y permite que las decisiones institucionales se conduzcan bajo los principios de justicia y legalidad.