Nuevas órdenes ejecutivas contemplan limitar el reconocimiento de ciudadanía en determinados casos mientras continúa la disputa legal
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado 6 de agosto dos órdenes ejecutivas relacionadas con la ciudadanía estadounidense, incluida una dirigida específicamente a combatir el llamado “turismo de nacimiento”. Las medidas buscan impedir que determinadas agencias federales reconozcan como ciudadanos estadounidenses a algunos niños nacidos en el país cuando ninguno de sus padres es ciudadano y se cumplen determinadas condiciones migratorias.
Una de las órdenes establece restricciones para casos en los que ninguno de los padres sea ciudadano estadounidense y contempla, entre otros supuestos, situaciones relacionadas con padres considerados “enemigos extranjeros” o con determinadas categorías migratorias. La Casa Blanca sostiene que las medidas buscan preservar el significado de la ciudadanía y evitar que el nacimiento en territorio estadounidense sea utilizado como mecanismo para obtenerla automáticamente en circunstancias específicas.
El tema continúa generando una disputa constitucional y judicial. En junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso Trump v. Barbara, analizó el alcance de la ciudadanía por nacimiento y determinó que la orden ejecutiva de 2025 excedía las facultades otorgadas por la legislación federal en ciertos aspectos; la propia resolución señaló que modificar esas disposiciones requeriría una acción del Congreso.
Por ello, aunque la administración Trump ha presentado las nuevas órdenes como una forma de combatir el denominado “turismo de nacimiento”, su aplicación permanece sujeta a controversias legales. El alcance definitivo de estas medidas dependerá de los procesos judiciales en curso y de futuras decisiones de los tribunales estadounidenses.