El reportaje señala que funcionarios habrían buscado colaborar con investigaciones; gobernadores mencionados rechazan los señalamientos y no existen acusaciones formales
Un reportaje publicado por The New York Times asegura que al menos una decena de políticos mexicanos, entre ellos gobernadores y legisladores de distintos partidos, habrían buscado establecer contacto con autoridades de Estados Unidos para colaborar con investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre funcionarios y grupos del crimen organizado. Según el diario, algunos de estos acercamientos tendrían como objetivo aportar información sobre otros actores políticos, citando fuentes anónimas familiarizadas con las investigaciones.
La publicación también menciona que los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal Anaya serían objeto de investigaciones por parte de autoridades estadounidenses. No obstante, hasta el momento no existen acusaciones formales ni cargos presentados en su contra por estos hechos.
Tras la difusión del reportaje, tanto los mandatarios estatales como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazaron la información, calificándola como carente de pruebas. Los gobiernos de Sonora y Tamaulipas emitieron comunicados en los que negaron los señalamientos y solicitaron una rectificación, mientras que el Gobierno de México afirmó no haber recibido información oficial de autoridades estadounidenses que respalde dichas versiones.
El caso ha generado amplio debate en el ámbito político debido a la relevancia de los personajes involucrados y al contexto de las investigaciones que Estados Unidos mantiene sobre presuntos vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales. Hasta ahora, la información difundida corresponde a un reportaje periodístico basado en fuentes anónimas y las autoridades competentes no han informado sobre procesos judiciales o imputaciones oficiales contra los funcionarios mencionados.