Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala en Venezuela el 3 de enero de 2026, denominada “Operación Determinación Absoluta”, en la cual fuerzas estadounidenses bombardearon puntos estratégicos del país y capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, trasladándolos a Nueva York para enfrentar cargos federales.
La Casa Blanca ha declarado que la acción forma parte de su lucha contra el narcotráfico internacional, aunque el gobierno estadounidense ha negado ante la ONU que esto represente una guerra formal o una ocupación del país.
Amplia condena internacional
La intervención ha generado una fuerte condena de gobiernos y organizaciones internacionales. Países de América Latina, como México, Uruguay y Brasil, rechazaron el uso de la fuerza y calificaron los ataques como violaciones de la soberanía y del derecho internacional, llamando a una solución pacífica y al respeto a la Carta de la ONU.
Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU han expresado preocupación por las implicaciones de este tipo de acciones para el orden mundial, advirtiendo que supone un peligroso precedente que podría socavar normas internacionales.
División global ante la acción
Las reacciones han estado divididas: mientras algunos gobiernos occidentales evitaron una condena directa, figuras políticas en Europa han pedido expresamente rechazar la intervención por violar el derecho internacional.
En el terreno local venezolano, la inseguridad ha aumentado y grupos paramilitares han reforzado patrullajes en Caracas, en un clima de incertidumbre por la presencia estadounidense y la ausencia de una autoridad claramente establecida.
